artefacto detonó este sábado en la oficina de la Defensoría Popular, que entre otros casos se encarga de nueve de los 14 imputados por el denominado Caso Bombas, quienes se encuentran en huelga de hambre en la Cárcel de Alta Seguridad.
Aparentemente, se trataría de una bomba de ruido que se encontraba en un armario de la oficina, ubicada en calle Nueva Amunátegui, en el centro de Santiago: “Estamos hablando de un recibiente de plástico que contenía algún tipo de líquido que produjo una explosión. Es una especie de bomba de ruido y se está investigando el contenido del líquido”, dijo la fiscal Lorena Barudi.
El abogado Rodrigo Román, quien se encarga de defender a los acusados por el Caso Bombas, señaló que el hecho es “una paradoja” y “preocupante”.
Además, manifestó sus sospechas por el origen del atentado, ya que las indagaciones en el lugar se prolongaron durante dos horas y no pudieron ingresar al lugar. Según dijo, la orden de que los abogados no tuvieran acceso a las pericias fue del Fiscal Metropolitano, Andrés Montes, en lo que calificó como un procedimiento irregular. “Da para especular muchas cosas, es muy extraño todo esto”, dijo.
Barudi, por su parte, aseguró que los funcionarios del Gope de Carabineros hicieron su trabajo “en forma absolutamente imparcial”.
“És un procedimiento normal en un caso así, estamos en un Estado de derecho y las policías actúan con probidad”, agregó.
Para esta semana está programada una audiencia en que el Ministerio Público pedirá renormalizar los cargos y ampliar en seis meses más el plazo de investigación. Ante esto, Verónica Garín, familiar de uno de los acusados, expresó que “buscan crear un clima adverso en la opinión pública en contra de los inculpados, para mantenerlos en prisión preventiva”.
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