A pesar de la falta de apoyo del Gobierno y la crisis financiera que aqueja a la Municipalidad de Valparaíso, pero conscientes del grave peligro a los que se exponían los transeúntes, es que el municipio decidió acometer con sus propios recursos la demolición de casi un centenar de propiedades que tienen orden de ser derribadas.
Así se decidió en la última sesión del Concejo Municipal, donde también se levantó un voto político de los concejales para solicitar al Ministerio del Interior para que sea solidario y comparta estos gastos con el municipio.
Apoyo unánime
Los ediles aprobaron ayer la propuesta del alcalde Jorge Castro de licitar las demoliciones de 97 propiedades, que se cancelarán con fondos municipales, pero cuyos gastos luego serán cobrados en juicios a los propietarios.
El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, informó que próximamente, se estima que en el transcurso de febrero, se llame a licitación para la ejecución programada de las demoliciones.
“Lo que hemos buscado en el concejo municipal es encontrar una solución concreta a este problema, ya que semana a semana presenciamos la caída de cornisas, quedando expuestos a un accidente. Es por ello, que tuvimos que recurrir a un crédito, el cual lo podamos pagar en cuotas y de esta forma amortiguar el costo de la demolición”, precisó Castro.
Mientras, los ediles se mostraron molestos por la falta de apoyo del Gobierno Regional y nacional, teniendo que llegar a endeudarse para responder a esta situación, que amenazaba la vida de las personas que viven en la ciudad o que la recorren como turistas.
¿A qué se exponen los propietarios? En caso de que el propietario no cancele la deuda acordada en el juicio, el municipio tiene la facultad de quedarse con el terreno o bien de embargar bienes, acciones inmuebles, vehículos, entre otros, para hacer ejercer el derecho de garantía de la inversión realizada.
Así lo explicó el fiscal del municipio, Vladimir Mondaca, quien precisó que a partir de marzo se presentarán acciones legales en contra de 97 propietarios que, pese haber sido notificados con decreto de demolición, no han hecho efectivo este procedimiento, traspasándole la responsabilidad al municipio. Por ende, “la institución tendrá que demandar a estas personas para recaudar los recursos que la municipalidad va a invertir en las demoliciones”, dijo el fiscal.
Agencias
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