500 mil personas más cayeron en condición de pobreza después del terremoto del 27 de febrero de 2010. La destrucción de viviendas y la pérdida de empleo no dieron tregua a gran parte de clase media que habita entre Valparaíso y Bío o Bío y que vio disminuida de forma considerable su calidad de vida luego del cataclismo. Las cifras no son alentadoras y parecen alejarnos cada vez más el deseo de terminar con la pobreza y alcanzar el desarrollo en 2018.
A un 19,4 por ciento aumentó la pobreza en Chile según reveló este martes la Encuesta Post Terremoto realizada por el ministerio de Planificación entre mayo y junio del año pasado.
El instrumento pretendía develar la situación socioeconómica en la que quedaron miles de familias después de la catástrofe y el escenario no fue nada alentador: Se registró un alza de tres puntos porcentuales respecto a la última Casen, lo que significó el ingreso de 500 mil personas más a la categoría de pobreza, sumando un total de tres millones.
Parte de este incremento se explica porque uno de los sectores que resultó más perjudicado por el cataclismo fue la clase media que, al perder sus empleos y viviendas, experimentaron una baja considerable en su calidad de vida: pasaron de habitar en casas sólidas a mediaguas, perdieron sus bienes sus materiales y, probablemente, sus sueldos no alcanzan para recuperar su capital en el corto plazo.
De hecho, sólo a marzo de 2010 la Dirección del Trabajo contabilizaba ocho mil despidos a causa del terremoto y hoy esta encuesta señala que un 17 por ciento de los inmuebles entre las regiones de Valparaíso y el Bío Bío resultaron con daño severo o fueron destruidas por el cataclismo. En este ámbito, el texto precisa que el mayor impacto lo sufrieron las viviendas de los quintiles de menores ingresos, con un 12 por ciento de destrucción en contraste con el 4,6 por ciento del quintil más rico.
“El desastre deja así en evidencia que los pobres no sólo tienen escasos ingresos, sino que están más afectos a experimentar los efectos adversos de los desastres naturales”, pregona el informe. Esto no sólo está dado por la calidad de las moradas sino porque la mayor parte de la población de menos recursos además vive en sectores rurales.
De todas formas, el ministro de Planificación, Felipe Kast, aseguró que si bien estos números representan un incremento considerable para este índice, hay que ser cautos a la hora de analizarlos, pues corresponden a los meses posteriores a la tragedia y, en general, no incluye aspectos como los empleos generados por el proceso de reconstrucción.
“Es un gran aumento que hay mirar con cuidado en el sentido de que es difícil poder diferenciar qué porcentaje de ese aumento es del terremoto y qué porcentaje es el de la estacionalidad. De hecho, dado a que aquí se mide por ingreso, es muy posible que la reconstrucción del terremoto – dado que estos datos son tomados justo después de la catástrofe - ya haya tenido un impacto en el empleo y que hoy tengamos una situación un poco distinta si midiéramos la pobreza en diciembre como se hizo con la Casen en 2009”, dijo el secretario de Estado.
Una mirada que comparte el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosín, quien sostiene que “estas cifras no deben verse como definitivas, sino transitorias”, mientras advierte que lo que se demoren en llegar a los estándares normales “va a depender de la rapidez de las acciones que pueda tomar el Gobierno”.
Acciones que deberían conocerse y aplicarse lo antes posible si se desea cumplir con las metas que el Presidente Sebastián Piñera se trazó: dejar listas las condiciones para superar la pobreza en 2018 y alcanzar el tal anhelado desarrollo. Una promesa que el propio ministro Kast ve como poco probable.
“Siempre es difícil y el terremoto es un hecho inesperado. Efectivamente, hay un riesgo de no poder lograrlo, pero lo importante aquí es poder hacer todo lo posible para que aquello en lo cual avancemos sea fruto de ese esfuerzo y que no haya quedado ninguna duda de que en el camino no bajamos los brazos”, dijo.
Agosín es un poco más crítico y aseguró que el planteamiento “nunca fue realista”. “De aquí al 2018 tendrían que ocurrir muchas cosas para que se cumpla y un mero aumento de los ingresos per cápita no lo va a hacer. Hay que mejorar la calidad de los empleos, diversificar la economía, producir más investigación y desarrollo, emprendimiento. Y todas esas cosas no están en los planes de nadie. No se han explicitado los instrumentos con los que se quiere lograr el desarrollo de aquí al 2018”, dijo.
Por lo mismo, el académico indicó que se hace necesario implementar “políticas mucho más agresivas” como “préstamos para pequeños empresarios para que puedan recuperar su actividad económica. Habría que haber sido mucho más fuerte al tratar de recuperar las plazas de trabajos pérdidas. Los más grandes tenían seguros y los chicos no y ese ha sido uno de los principales problemas”.
De esa forma, la cadena no se rompe porque, precisamente, son las Pymes las que dan empleo a la mayoría de la fuerza de trabajo local. Más inquietante es el panorama cuando se piensa que, en la actualidad, se está haciendo esfuerzos por perfeccionar las medidas de pobreza para incluir otros factores como la nutrición, el acceso a la salud, las posibilidades de entretenimiento y ocio e incluso la felicidad. Si estos estándares se aplicaran en Chile dejaríamos de ser uno de los países con mayor desarrollo humano en América Latina y las cifras se dispararían.
“Si no hubiese sido por el terremoto, tal vez podríamos estar mucho mejor hoy. La economía está creciendo y eso va a ayudar. Pero es un crecimiento basado en más de lo mismo. No hay un esfuerzo por diversificar la economía, por mejorar la calidad del empleo, mejorar la educación sí, pero esos son programas que rinden frutos a largo plazo”, concluyó el decano de la FEN.
Ámbitos que forman parte del costo que significó para el país una tragedia que, de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de las Catástrofes (CRED) y la Organización de Naciones Unidas sobre la Estrategia Internacional de Prevención de Catástrofes (SIPC), sumó pérdidas por 30 mil millones de dólares.
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