siete domicilios allanados y 10 detenidos terminó una diligencia desarrollada por la PDI en Iquique junto con el fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias, quien indaga una red ilegal de tráfico de personas desde Pakistán a Estados Unidos o Canadá vía Chile.
En el procedimiento se logró la aprehensión de siete hombres y tres mujeres, entre los que están A.S., de 57 años, y su cónyuge, F.S., de 50, sindicados como los nexos en Chile de la red ilegal. También fueron detenidos K. F., de 22; H.S., de 25; K. M., de 22, quien presenta tres meses de embarazo; K. F., 25; A. M., de 19; J. F., de 23; H. A., de 42, y F.S., de 28, la mayoría de ellos comerciantes y vendedores ligados a la Zofri.
El fiscal Arias explicó que todos fueron detenidos tras una orden emitida por el magistrado del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán, quien decretó verbalmente 32 órdenes de detención y el allanamiento de 7 domicilios en Iquique y dos en Santiago. De las órdenes de detención sólo se cumplieron 17 de ellas.
En cuanto a los delitos que se investigan, aseveró que se indaga una asociación ilícita que operaba desde Pakistán con la cooperación de un funcionario -de nacionalidad paquistaní- del consulado chileno en Islamabad.
Según la investigación, uno de los matrimonios detenidos en Iquique tenía conexiones en su país de origen y reunía grupos de extranjeros que querían viajar a Canadá o EE.UU. con escala en Chile. Estos pagaban entre 12 mil y 15 mil dólares para obtener sus documentos adulterados. "Las visas son legítimas y el papel de ellas también, lo que se adulteraba -inicialmente- es la firma de la cónsul en Islamabad. Ellos eran traídos a Chile con la promesa de que viajarían a otros países y en Iquique eran alojados por una familia", argumentó el fiscal, agregando que los documentos incautados aún deben ser analizados por la PDI, al igual que las operaciones del agente consular en esa nación.
Amplían detención
En la audiencia realizada en el Primer Juzgado de Garantía de Iquique, que requirió la intervención de un traductor, el juez Ricardo Leyton supervisó la legalidad de la detención, tema que generó un extenso debate, en relación con la forma en que fueron notificados los aprehendidos, debido que argumentaban no comprender el idioma. Tras esto, el fiscal Arias solicitó la ampliación de la detención para terminar una serie de pericias e informes, la que fue acogida por el juez hasta la primera audiencia del domingo. Además, ordenó el traslado inmediato hasta Santiago de los sujetos.
Agencias
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