El Gobierno necesita que dos tercios del Senado aprueben el proyecto de ley con la propuesta de reajuste para el sector público. El documento, sin embargo, lleva un 4,2 por ciento de alza salarial y un bono por término de negociación que ha sido calificado como insuficiente por los funcionarios.
El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, aseguró que ya hubo conversaciones con varios senadores, entre ellos, el presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, y los parlamentarios de la Concertación que analizarán el proyecto y negociarán con La Moneda.
A partir de esas conversaciones, se aseguró que la decisión irá en el mismo sentido que en la Cámara Baja, donde la oposición y algunos independientes rechazaron el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Según De la Puente, de todas maneras, la responsabilidad de ofrecer una mejor cifra de reajuste para los trabajadores del sector público es del Estado más que de los legisladores.
“El gobierno no puede deslindar responsabilidad, tiene que asumir su papel y buscar acuerdo con los trabajadores, los parlamentarios y escuchar. Hemos conversado con nueve senadores que nos han dado todo su apoyo y ellos han manifestado que van a votar de acuerdo a lo que nosotros también le planteamos. La derecha también tiene que entender que los empleados públicos pertenecemos al todo el Estado”, afirmó.
En total, hay cuatro puntos en juego: el reajuste, que los funcionarios cifraron en un mínimo de seis por ciento, el protocolo de acuerdo para las condiciones de retiro, los bonos adicionales y una solución a los despidos en el sector.
Los funcionarios públicos aseguran que no han visto voluntad del gobierno para acercar posiciones con sus demandas, por lo que no queda otra opción más que seguir presionando con una paralización nacional de carácter indefinida.
“No queremos que el Ejecutivo insista en el chantaje que hoy quiere imponer respecto de que nos vamos a quedar sin reajuste. Nos parece impresentable y sería un hecho sin precedentes para este país. No hemos tenido otro camino más que reiniciar la paralización”, sostuvo la presidenta de Confusam, Carolina Espinoza.
La dirigente agregó que “esto no es contra la gente”, pero que “evidentemente la lucha y la movilización social son absolutamente legítimos y es el camino que este gobierno nos está obligando a tomar aunque insistimos en la disposición a avanzar en un acuerdo que nos lleve a resolver este conflicto”.
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, Óscar Yáñez, reconoce que este paro indefinido es la última medida de presión en contra del gobierno, pues representa un escenario complejo debido a la gran cantidad de trámites que las personas están realizando a fin de año a través de los organismos públicos y municipales que no estarán atendiendo público.
De todas formas, Yáñez explicó que “le dimos un espacio al Gobierno y suspendimos el paro el miércoles pasado. Por eso ahora vamos a lanzar toda la artillería sindical y yo creo que el paro va a ser grande y fuerte. La gente está cansada de que el Gobierno nos chaquetee”.
A partir de las 11.00 horas, los funcionarios públicos de la capital se concentrarán en la Plaza Los Héroes, mientras los máximos dirigentes estarán en el Congreso Nacional en Valparaíso. En regiones se espera que también haya movilizaciones masivas.
Agencias
Publicar un comentario