Embajada de Estados Unidos en Madrid convirtió la lucha contra la piratería en Internet en una de las prioridades de su agenda en el periodo 2004-2010. Según se deduce de la lectura de más de 35 cables dedicados a la protección de los derechos de propiedad intelectual, las presiones empezaron a intensificarse a partir del año 2004, tras la llegada al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y se vertebraron en torno a una lista negra, la Lista Especial 301 que elabora la oficina de Comercio estadounidense.
Ante la falta de resultados en esos primeros años, diseñaron en 2007 una minuciosa hoja de ruta que incluía encuentros con ministros, secretarios de Estado y mandos intermedios de los departamentos de Cultura e Industria. La estrategia incluía encuentros con las empresas que proveen el acceso a la red como Telefónica, colaboraciones con partes interesadas -SGAE, Federación para la protección de la propiedad intelectual (FAP), Asociación de Productores Musicales Promusicae- y visitas de altos cargos de la administración y la industria estadounidense: a España trajeron a Christopher Wilson, número dos del comercio exterior; y a Dan Glickman, presidente de la todopoderosa Motion Pictures Association, el órgano que agrupa a las majors de Hollywood.
A pesar de que los cables reflejan la contrariedad de los agregados de la embajada y de cada uno de los embajadores por los lentos progresos de la Administración española en la erradicación de la piratería, finalmente, el año pasado pudieron comprobar cómo se daba un paso en la dirección que consideran adecuada (aunque insuficiente; su referencia es el duro plan implementado por Nicolas Sarkozy en Francia). El 27 noviembre de 2009, la polémica ley antidescargas encontraba su vía englobada en la Ley de Economía Sostenible. Superado el primer trámite parlamentario, el pasado 23 de septiembre, la ley se enfrenta en estos días a enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda.
Reuniones con ministros y Rajoy
Los tres embajadores de la etapa 2004-2010 se entrevistaron con todos los ministros de Cultura de este periodo (Carmen Calvo, César Antonio Molina y Ángeles González Sinde); con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; con el ministro de Industria, Miguel Sebastián; y con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. En la agenda de todos estos encuentros la piratería tuvo su sitio de honor.
La lista negra fue el instrumento más claro de la presión. 25 de febrero de 2008. Han transcurrido cuatro años desde que la Embajada estadounidense en Madrid situara la piratería como prioridad en su agenda. No se producen resultados. El tema encalla una y otra vez. El plan estratégico de 2007 no ha dado frutos. El embajador Eduardo Aguirre, cansado ya de tanto mareo y palabrería, emite una nota elocuente. España no ha hecho los deberes: "Proponemos decir al nuevo Gobierno que España aparecerá en la lista negra si no hace tres cosas para octubre de 2008", reza el segundo punto del despacho número 142920. "La embajada reconoce que la falta de progresos españoles en el último año podría justificar colocar a España en la lista negra".
La piratería, ya sea de zapatillas deportivas, CD y DVD de la manta o vía bajada de archivos de la red, venía siendo desde hace tiempo una preocupación para los intereses estadounidense en España. Pero es en marzo de 2004 cuando la embajada decide que los derechos de propiedad intelectual se van a convertir en prioritarios. En cuanto sea nombrado el nuevo Gobierno. Así queda reflejado en el despacho 14530 del 3 de marzo de 2004.
España, mezcla de tercer y primer mundo
La sorprendente victoria del PSOE en las elecciones del 14 de marzo, tres días después del 11-M, abre a finales de ese mismo año nuevas expectativas en la delegación estadounidense en Madrid. "La fotografía de la piratería contra la propiedad intelectual en España es una mezcla de tercer mundo y primer mundo", se lee en el despacho número 27536. Pese a describir un panorama de país mantero y descargador, la embajada propone en un cable dirigido al máximo responsable del comercio exterior de EE UU, el USTR (United States Trade Representative), que no incluya a España en la lista negra.
La prioridad que los estadounidenses otorgan a la cuestión se manifiesta en el nivel de los interlocutores elegidos. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega es uno de los primeros objetivos. Un agregado de la embajada habla del tema con ella el 22 de febrero de 2005. El cable 27536, elaborado por el agregado al día siguiente de la conversación con De la Vega, se cierra así: "Dada la cantidad de estrellas de la industria del entretenimiento con una abierta preferencia por el Gobierno socialista (es significativo, por ejemplo, que Zapatero acudiera al equivalente español de los Oscar), es posible que este Gobierno sea especialmente sensible a hacer algo en este sector. Necesitaremos un año o así para ver si esta sensibilidad se traduce en resultados".
El 10 de noviembre de 2005, el embajador se entrevista con la ministra de Cultura, Carmen Calvo: en el cable 45583, el propio embajador concluye que en el Gobierno español hay buenas intenciones, pero no hay resultados.
La tónica se mantiene. La potente Motion Pictures Association, que agrupa a las majors de Hollywood, presiona desde EE UU. La industria local española también se queja de la permisividad con las descargas, sobre todo la musical. En 2007 se produce el punto de inflexión: el 28 de diciembre, la delegación estadounidense en Madrid emite un cable (135868) que contiene un minucioso plan. Asunto: estrategia para los derechos de propiedad intelectual en España. El despacho despliega un detallado plan a corto, medio y largo plazo plagado de citas con responsables políticos, con mandos intermedios de los ministerios de Cultura e Industria, encuentros con las operadoras de telecomunicaciones, visitas a España de expertos norteamericanos... y anticipa, ya, la medida que hay que tomar a medio plazo: colocar a España en la lista negra.
El plan es para el periodo 2007-2012 y culmina con la visita de un alto cargo del Comercio Exterior de EE UU a España. "Esta es la hoja de ruta de adónde queremos llegar y cómo", señala el cable. "Nuestra estrategia requiere una continua y constante atención de alto nivel de la embajada a esta cuestión así como la ayuda ocasional de organismos de Washington en los próximos tres o cuatro años".
La presión aumenta
Cuatro meses más tarde, en abril de 2008, España ingresa en la Lista Especial 301. La presión se redobla a partir de ese momento. La entrada en la lista es el instrumento esgrimido en las reuniones con ministros y mandos intermedios: hay que conseguir que los españoles acaben de una vez con las descargas.
El 29 de julio de 2008, un cable refleja un estudio de la situación llevado a cabo por la embajada. Detalla la manera de funcionar de siete sitios de descargas españoles. Conclusión: "Es fácil para los españoles obtener acceso a material pirateado en Internet". El informe se realiza con la ayuda, entre otras, de la Motion Picture Association, la Federación para la protección de la Propiedad Intelectual (FAP), la Sociedad General de Autores (SGAE) y la Asociación de Productores Musicales (Promusicae). Su colaboración, dice el cable 163969, permite identificar siete webs de descargas. El informe contiene una acotación tan solícita como surrealista: "Nota: La embajada estudió estos sitios pero no subió ni bajó ningún material".
El instrumento de la presión, la lista negra, permite elevar algunos grados los mensajes. Al director general para Europa y Norteamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Luis Felipe Fernández de la Peña, se le deja clara la cosa (cable 169777): "El jefe adjunto de la misión [número dos de la embajada] planteó la aparición de España en la lista Especial 301, instando al Gobierno de España a tomar medidas enérgicas contra la piratería en Internet". Es 15 de octubre de 2008.
El 12 de noviembre desembarca en España el alto representante de Hollywood, el presidente de la Motion Pictures Association, Dan Glickman.
Recogida de firmas
Un año más tarde llega la polémica Ley antidescargas. El 27 de noviembre 2009, el Gobierno envía al Congreso la Ley de Economía Sostenible y cuela en el paquete, Disposición final segunda, la ley que desencadena la movilización de los colectivos de internautas del país. Manifiestos, manifestaciones, recogidas de firmas, protestas. Se desata la revuelta.
La creación de una Comisión dependiente del Ministerio de Cultura que permita cerrar páginas sin la intervención de un juez focaliza en diciembre de 2009 la mayor parte de las críticas. Se acusa al Gobierno de querer crear una policía cultural en Internet. La movilización lleva al Gobierno a matizar el mensaje.
El presidente del Gobierno dice el 3 diciembre: "Estoy dando mi opinión, la libertad de expresión siempre prevalecerá". El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, arguye que es necesaria "la autorización judicial y el control". La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, afirma que el Congreso podrá "perfeccionar" el borrador en el trámite parlamentario. El comentario final del cable 238241, fechado el 4 de diciembre de 2009, refleja la decepción de la delegación estadounidense. "La desconfianza en las buenas intenciones del Gobierno y en su habilidad para producir buenos resultados crece".
Mientras la tormenta internauta arrecia, el PP se arrima a los nubarrones y saluda los movimientos de la comunidad internauta . Preocupado, el embajador Alan D. Solomont se reúne con Mariano Rajoy el 21 de enero de 2010. Le hace ver lo que la industria del cine estadounidense está perdiendo en esta partida. "La cuestión es importante económicamente pero políticamente también", le dice Mariano Rajoy, tal y como el embajador refleja en el despacho 244979. La conclusión final que Solomont extrae del encuentro no ofrece muchas dudas: "En Derechos de Propiedad Intelectual, captamos que el mensaje de Rajoy es que aunque el PP entiende la necesidad de que España haga más, va a extraer cualquier beneficio político que pueda del debate sobre cuál debe ser exactamente el mecanismo que España use para cerrar sitios piratas".
Mayores esfuerzos
Solomont redobla el ritmo de reuniones. El 25 de enero, con el ministro de Industria Miguel Sebastián, que anima al embajador a que hable con el PP nacional y madrileño para que reconduzcan su postura (despacho 245612). El 10 de febrero, con Ángeles González Sinde, la ministra que está siendo en esos días objeto de todas las iras internautas.
Unos días antes, el 4 de febrero, aterriza en España Christopher Wilson, número 2 del comercio exterior estadounidense. El secretario de Economía del Partido Popular, Álvaro Nadal, se reúne con él y matiza la posición popular. Distingue, que supervisa el propio Wilson, entre política y políticas. "En política", se dice en referencia a Nadal, "dijo que el PP no está lejos del Gobierno en las disposiciones sobre el cierre de páginas del borrador de la Ley de la Economía Sostenible. El PP apoya firmemente una fuerte protección de la Propiedad Intelectual y algo se debe hacer con los sitios piratas". Se refleja, eso sí, el rechazo del PP a la Comisión de la discordia.
Wilson acude a una comida en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Habla con el director general de Política Cultural, Guillermo Corral, que le hace saber que dentro de las propias filas del PSOE hay detractores de la nueva legislación. "A la vista de la percepción de que el Gobierno de España está siendo presionado por el Gobierno de Estados Unidos, Corral pensó que sería contraproducente que la embajada hiciera acercamientos a los que se oponen a esta iniciativa. Sugirió, no obstante, que la embajada hablara con los diputados de Convergencia i Unió y del Partido Nacionalista Vasco sobre la legislación". La misiva concluye: "La embajada redoblará su compromiso con Gobierno, oposición y otras partes interesadas a lo largo del proceso de La lista Especial 301 y en adelante".
En mayo, tres meses después de la visita del número 2 del comercio exterior estadounidense, España vuelve a aparecer en la lista negra.
El pasado 17 de noviembre, el Senado instaba al Gobierno a reformar la Ley de Propiedad Intelectual. Mientras, la Disposición final Segunda de la discordia aguarda en el Congreso a las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios.
agencias
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