El desgarrador suceso ocurrió el pasado 8 de febrero. Aquel día R.C.D. acudió al colegio donde estudiaban sus dos hijos, una niña de 8 años y un niño de 12. Tenía una entrevista con el tutor del mayor. En aquel encuentro le dijeron que su hijo no llevaba los deberes hechos a clase. Sobre las 18.00 horas, cuando la mujer regresó a su domicilio, en un municipio próximo a Logroño, comenzó a golpear «indiscriminadamente» al menor con el tubo del aspirador por todo el cuerpo. Luego cogió las manos de sus dos hijos y las colocó sobre la vitrocerámica encendida. Así las mantuvo durante un rato.
Al día siguiente, el director del colegio donde estudiaban los niños, alertado por las quemaduras que ambos llevaban en las manos, avisó al médico de la localidad y a la Guardia Civil, que les trasladaron al San Pedro. En el centro hospitalario detectaron que el niño tenía quemaduras de segundo grado en la palma de la mano izquierda y múltiples contusiones en los hombros, brazos y piernas, producidas en las 24 horas anteriores. La menor tenía también quemaduras de segundo grado en su mano izquierda y varias lesiones.
Ese mismo día, 9 de febrero, los pequeños fueron declarados en situación de desamparo de urgencia y se acordó que permanecieran tutelados por los servicios de protección de menores del Gobierno de La Rioja. Situación que, a día de hoy, todavía se mantiene.
Paralelamente, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 tomó declaración a los progenitores y, a petición del Ministerio Fiscal, ordenó el inmediato ingreso en prisión de R.C.D., de 36 años, por un delito de malos tratos continuados. Respecto al marido, A.J.D., de 37 años, acordó su puesta en libertad con cargos.
Capítulos repetidos
El episodio del día 8 fue el último, pero no el único. La madre convivía con su marido, la hija de ambos y el menor, fruto de una relación anterior de la mujer. El trato entre madre e hijo, en tratamiento desde junio del 2009 por hiperactividad, «era muy conflictivo» por la, según la Fiscalía, «escasa habilidad» que tenía R.C.D. para manejarlo. Al parecer, «perdía frecuentemente el control», recurría a la violencia física y le pegaba por todas la partes de su cuerpo con las manos, con los pies, con palos, sillas y con todo lo que encontrara. Esta misma violencia «la hacía extensiva a su hija».
El marido, también imputado en esta causa, no sólo no hacía nada por evitar los golpes, sino que con frecuencia, cuando se enfadaba con el niño, recurría a ellos y le propinaba puñetazos y patadas.
Los servicios sociales del municipio donde residían los padres imputados por presunto maltrato habitual contra sus hijos ya habían alertado de la situación de riesgo en la que vivían los menores. Incluso apenas unos días antes de que se produjera el suceso, que concluyó con la detención de los padres, el Ayuntamiento remitió un informe al Servicio de Protección de Menores del Gobierno de La Rioja en el que reclamaba la adopción de medidas y se proponía la declaración de riesgo de los pequeños.
En el mismo documento, en el que también alertaba de los problemas de convivencia conyugales, los responsables municipales estimaban necesaria la valoración de la situación familiar de los dos menores ante las sospechas de que el niño estuviera viviendo situaciones de maltrato físico y psicológico.
Faltas de asistencia
Los servicios sociales llegaron a estas conclusiones tras un seguimiento que se hacía especialmente del menor desde marzo del 2008. Fue el centro escolar quien alertó entonces al Ayuntamiento de las continuas faltas de asistencia del niño sin una justificación aparente. Al parecer, las ausencias del menor, a quien sus compañeros veían jugando en la calle, se producían cuando el pequeño presentaba marcas y moratones en el cuerpo.
La situación en la que vivían los niños, especialmente el mayor, no sólo era conocida en el municipio riojano, sino también en la localidad burgalesa en la que la familia residió hasta junio del 2007. Los servicios sociales de éste último ya habían intervenido en alguna ocasión por las faltas de asistencia al centro escolar y por las marcas en el cuerpo del menor.
Por estos hechos, la acusación pública imputa a R.C.D., sin antecedentes penales, un presunto delito de malos tratos habituales y dos de lesiones. Por todos ellos pide las penas de ocho años y nueve meses de cárcel, la prohibición de que se aproxime a su hijo en ocho años y que pague una indemnización de 960 euros a cada uno de sus vástagos. Para A.J.D., condenado con anterioridad por un delito contra la seguridad vial y otro de resistencia, la Fiscalía, que le imputa un delito de malos tratos habituales, solicita un año y nueve meses de prisión, la prohibición de que se acerque a su hijastro durante tres años y la privación del derecho de tenencia de armas durante 4 años.
Agencias
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