agresiones y rezagos inaceptables en las mujeres

Apoyar el progreso más
rápido de las mujeres no es
sólo moralmente correcto,
sino que tiene buen sentido
político y económico.
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU

A cien años de la primera celebración del Día Internacional de la Mujer, la realidad en México es que la inmensa mayoría de ellas sigue padeciendo los efectos de una cultura machista que minimiza a la mujer, que le regatea el acceso a la educación y al trabajo, que le ofrece menor retribución en trabajos iguales, que la convierte en mercancía sexual y en permanente sujeto de agresiones.

De los poco más de 112 millones de habitantes de México contabilizados por el Censo de Población y Vivienda 2010, más de 57 millones son mujeres.

Por ellas, en esta fecha hay que reflexionar sobre lo que falta por hacer en materia de género en nuestro país.

Según el Censo, la participación de las mujeres en la economía nacional es de 33 por ciento, proporción que se reduce en las poblaciones más pequeñas: a 28.8 en las comunidades de menos de 15 mil habitantes, y a 17 en las de menos de 2 mil 500.

La violencia contra las mujeres es una constante en una sociedad cuya cultura sigue siendo discriminatoria y que otorga al hombre poder y privilegios de género. Cotidiana, y casi siempre silenciosa o acallada, la violencia intrafamiliar y social escapa a la estadística, pero hay esfuerzos que han logrado dimensionarla:

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Usuarios de los Servicios de Salud, 90 por ciento de las mujeres encuestadas dijo padecer agresión psicológica; física, 44; sexual, 32; y 21 por ciento los tres tipos de violencia.

En 2006 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en 2005 se registraron 2 mil 159 fallecimientos de mujeres por violencia intrafamiliar. En ese año, el número de muertes causadas por el crimen organizado fue de mil 776. Las entidades con mayor violencia intrafamiliar son Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Tlaxcala y Distrito Federal.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres reporta que cada 35 minutos recibe una llamada de denuncia por violencia doméstica.

Según la comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con feminicidios en México, de 1999 a 2005 fueron asesinadas 6 mil mujeres en 10 estados del país. Alarmante la cifra, seguramente está por debajo de la real, pues dada las dificultades para registrar lo que ocurre, la cifra negra bien podría triplicar, al menos, este número.

Cuando un país no es capaz de reducir sus cifras de violencia doméstica y social, éstas adquieren carácter de violencia institucionalizada.

De acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados, que corresponde a distintos periodos, que van de 2000 a 2005, en diversos estados se registraron altos índices de feminicidios, lo cual implica que este no es un fenómeno localizado o exclusivo, sino que tiene una alta presencia en varias entidades, entre los que destacan Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora, y Veracruz.

Lamentablemente, la década 2001-2010 nos remite a agresiones y delitos que deberían estar superados: hay abusos de niñas, robo de infantes, trata de personas, discriminación, marginación, acoso sexual en centros de trabajo y lugares públicos, ataques verbales y físicos en escuelas; revictimización de mujeres violadas y maltratadas por parte de quienes debieran procurarles justicia, y prácticamente todas las formas de discriminación y abuso, a pesar de tratados internacionales y avances legislativos.

Bienvenidos los logros de mujeres que han podido hacerse de un lugar reconocido en la vida política, económica, cultural, social y empresarial del país. Muchas, muchísimas más, también son las que discreta y cotidianamente construyen desde su trabajo, fuera o dentro del hogar, el México generoso y productivo al que aspiramos.

No obstante, falta mucho por hacer para que todas las niñas tengan acceso a la educación, todas las mujeres cuenten con igualdad de derechos en los empleos, todas las mujeres sean amparadas por la justicia y todas gocen del derecho a la no discriminación.

Lamentablemente, el principio constitucional que establece que “el varón y la mujer son iguales ante la ley” sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país.