La intendenta del Bío Bío aseguró que las acusaciones que se presentaron en su contra son falsas y que se pidió autorización al ministerio de Vivienda para sacar adelante la totalidad de un proyecto inmobiliario destinado a personas de bajos recursos y no sólo a los afectados por el terremoto.
Molesta se mostró la intendenta de la región del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, por los dichos del senador Alejandro Navarro, quien la acusó de haber engañado al Gobierno para conseguir la extensión de beneficios habitacionales que se entregaron a los afectados por el terremoto.
El parlamentario dio a conocer una grabación en la que la autoridad regional señalaba durante una reunión con pobladores que se había manipulado la información entregada al Ejecutivo para concretar el proyecto inmobiliario de la población Aurora de Chile
“Nosotros usamos el tema del terremoto y el tema del Puente a favor de ustedes. Y dijimos que el Puente casi abarcaba la población completa y que había que sacarla completa porque si no, la verdad es que todas las casas se iban a ver afectadas. Poquito más poquito menos, eso fue lo que dijimos”, se escucha en el audio.
En dicho encuentro la intendenta indicó además que “por eso nos aceptaron meter un porcentaje muy importante de personas que no tienen certificados de inhabitabilidad. Hay cerca de 60% de las personas que no tienen certificados de inhabitabilidad, que no están terremoteadas. Y que sin embargo, van a ser beneficiadas por el proyecto. Inventamos una historia y pudimos hacer que este proyecto no se nos escapara de las manos. Y tenemos hoy día la autorización del Subsecretario para poder seguir avanzando”.
Van Rysselberghe negó haber cometido un engaño y aseguró que “lo que se les dijo es que se había encontrado una fórmula para resolver el problema habitacional de toda la población, no sólo los que tuvieron problemas con el terremoto, no sólo los que tuvieron problemas con el ensanche de la calle Chacabuco”.
La intendenta se defendió agregando que “dado que era un barrio de los más pobres de Concepción, donde las casas tienen piso de tierra, sin urbanización, sin alcantarillado, sin título de dominio, sin nada, donde teníamos que intervenir a cerca del 60% de las viviendas, nos pareció razonable solicitar al ministerio de Vivienda que nos permitiera -dado que la ley no lo hace- que en lugar de intervenir una parte interviniéramos toda la población”.
Sin embargo, en medio de la controversia, los diputados de la Democracia Cristiana Gabriel Ascencio y José Miguel Ortiz exigieron al Ejecutivo la destitución inmediata de la autoridad regional. “No sólo cometió un acto ilegal, sino que engañó al mismo Presidente”, manifestaron.
Los parlamentarios anunciaron además la recopilación de antecedentes para ejercer una acusación constitucional en contra de la intendenta por la gravedad de los hechos.
Desde La Moneda no han querido referirse al tema.
Agencias
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