prisión preventiva e incomunicados, quedaron este miércoles tres de los cinco ex gendarmes detenidos el pasado lunes por diversos actos de corrupción. En tanto que los otros dos tendrán arresto domiciliario total y prohibición de comunicarse entre ellos.
Así quedó establecido en la audiencia de formalización que se realizó esta tarde en el 9º Tribunal de Garantía de la capital, donde el fiscal de la zona Occidente, Gonzalo Guerrero, les imputó los delitos de asociación ilícita y cohecho reiterado.
Tras escuchar las interceptaciones telefónicas que hizo la fiscalía, la jueza Soledad Orellana dijo que existen sospechas fundadas de que se cometieron los delitos señalados y decretó las tres prisiones preventivas.
En esta condición quedaron los ex gendarmes Alamiro Alfonso Beltrán Toledo, Ángelo Alexis Silva Carimán y Carlos Alberto Barra Becerra, quienes fueron enviados a la Cárcel de Alta Seguridad.
Por su parte Luis Alejandro Alfaro Ramírez y Abel Alejandro Godoy Lema, recibieron arresto domiciliario, debido a que la eventual condena que recibirían en un juicio oral sería baja y podrían cumplir la pena en libertad.
La jueza dijo que el caso de Beltrán, Silva y Barra es más grave, ya que en el curso de la investigación podrían aparecer nuevos hechos que agravarían el delito y que les significaría condenas por eventuales crímenes.
La magistrada dio un plazo de investigación de 90 días a la Fiscalía Occidente. El fiscal Guerrero no descartó que en transcurso de la indagatoria aparezcan más gendarmes involucrados en la red de corrupción.
Los cinco ex funcionarios adulteraban las fichas computacionales de los reos para que obtuvieran rebajas de condenas y traslados a cárceles con medidas de seguridad menos estrictas.
También ingresaban celulares y sustancias ilícitas a los penales. Por todos estos “servicios” cobraban tarifas que iban de los $600.000 a los tres millones de pesos. Se estima que beneficiaron a por lo menos 20 delincuentes.
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